Unión Europea

Las prestaciones sociales por discapacidad “viajarán entre países” de la UE a partir de 2023

28/02/2022

Las diputadas españolas en el Parlamento Europeo Soraya Rodríguez (Ciudadanos) y María Eugenia Rodríguez Palop (Unidas Podemos) confían en que las novedades normativas que las instituciones comunitarias prevén aprobar favorecerán la inclusión social de las personas con discapacidad y, en concreto, destacan los beneficios para el colectivo de la Tarjeta Europea de Discapacidad, que permitirá la portabilidad de las prestaciones sociales cuando el usuario se traslade a otro país de forma temporal.

Así lo dijeron ambas durante su participación en un Diálogo organizado por Servimedia en el marco del proyecto #TúEresEuropa, que esta agencia de noticias desarrolla con financiación del Parlamento Europeo para hablar del proceso de consulta a los ciudadanos puesto en marcha con motivo sobre la Conferencia sobre el Futuro de Europa.

Según Rodríguez, la aprobación de esta tarjeta está prevista para 2023 y, entre otros puntos, permitirá que las prestaciones sociales de las personas con discapacidad “viajen entre países”.

En su opinión, esto favorecerá la movilidad del colectivo y garantizará su derecho a la libre circulación por toda la Unión Europea. “Hasta ahora, las prestaciones (ayudas técnicas, subsidios, apoyos…) que una persona con discapacidad recibía en su país de origen no podían trasladarse” a un segundo Estado europeo “si la persona se desplazaba allí de forma temporal”, explicó Rodríguez.

Esto es lo que pretende solucionar la Tarjeta Europea de Discapacidad”, resaltó, con el objetivo de que “más personas con discapacidad disfruten de estancias de estudios, prácticas profesionales, becas Erasmus y otras experiencias de movilidad” que impulsa la Unión Europea.

Se trata, en suma, “de hacer efectivo el derecho a la libre circulación” y de garantizar su participación social “en igualdad de condiciones”, subrayó.

Ausencia de accesibilidad

En el acto también intervinieron la secretaria general de las Juventudes de Unidad Progresista (UP) de la ONCE, Raquel Correa, y el presidente de la Comisión de Juventud del CERMI, Guillermo Fernández, que incidieron en los problemas de movilidad que afrontan las personas con discapacidad en la UE a consecuencia de la falta de accesibilidad universal en transportes, instalaciones y servicios.

Además, Correa reclamó un plan de acción para desarrollar el Pilar Europeo de Derechos Sociales, llamado a “garantizar la participación de los jóvenes con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad europea”, como el empleo y la educación.

Indicó que la falta de accesibilidad actual y los problemas de movilidad que conllevan perjudican la participación de los estudiantes con discapacidad en los proyectos europeos Erasmus+ y en otras iniciativas de movilidad, que “ofrecen grandes oportunidades de desarrollo y experiencia profesional”.Por su parte, Fernández denunció también los obstáculos a la libre movilidad que las personas con discapacidad encuentran en su día a día, ya sea en el ámbito local o a escala europea, y defendió el derecho de las personas con discapacidad a participar en igualdad de condiciones en la educación, el empleo, la vivienda, el ocio y la cultura, ámbitos en los que hace falta “asegurar la accesibilidad universal” como primer requisito.

Evaluar para mejorar

Según Soraya Rodríguez, la Estrategia Europea de Discapacidad 2021-2030 contempla acciones para mejorar en la movilidad, como la citada Tarjeta de Discapacidad.

Además, la evaluación respecto al cumplimiento de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad por parte del comité de la ONU para el seguimiento de la convención a la que este año se someterá la Unión Europea "nos ayudará a avanzar”, declaró Rodríguez.

A su juicio, “no hemos implantado bien la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ni en las políticas públicas ni en la legislación de la UE”.

“Nos comprometimos hace tiempo a establecer puntos focales en todas las agencias de la UE para su correcta implementación”, explicó, “y al no hacerlo las políticas que impulsan el Parlamento, el Consejo y la Comisión no son coherentes entre sí”. Por ello, “esta evaluación puede ayudarnos a mejorar y a conseguir que la Estrategia Europea de Discapacidad hasta 2030 tenga éxito”.

Además, Rodríguez Palop indicó que son “de justicia” las reclamaciones del colectivo y señaló que varias directivas previstas en la Estrategia Europea de Igualdad abordan estas cuestiones “de forma trasversal”. Puso como ejemplo “la futura Directiva sobre Igualdad de Trato”, que favorecerá la inserción laboral de las personas con discapacidad.

Afirmó, además, que “el Pilar Europeo de Derechos Sociales, que siempre ha sido la hermana pobre del Tratado, recibirá un importante impulso” durante el presente mandato de la Comisión, debido en parte al impacto de la pandemia.

“Está también previsto aprobar una Directiva Europea sobre los Cuidados” que, sin duda, “beneficiará a las personas cuidadoras y a quienes son cuidadas”, como las personas con discapacidad, concluyó.